La crisis no solamente está poniendo a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones financieras y de los Estados miembros de la UE desde un punto de vista económico o presupuestario. Al mismo tiempo, supone un desafío para el ordenamiento jurídico europeo en tanto que las medidas que se están adoptando y promoviendo frente a ella entran en tensión con las normas de defensa de la competencia del Tratado. Esta cuestión concierne especialmente al ámbito de las ayudas públicas y al del control de concentraciones. Tanto la Comisión Europea como las autoridades nacionales se han mostrado firmes en su posición de que no puede prescindirse de las normas del régimen de competencia en ningún escenario. Ahora bien, la coyuntura económica actual está obligando a los Estados miembros a asistir de manera gradual a muchas empresas con problemas de solvencia y riesgo de quiebra, particularmente en el sector bancario, y a fomentar las fusiones y adquisiciones entre instituciones de relevancia sistémica. Toda discusión a este respecto parte de un planteamiento que asume que, a la hora de evaluar operaciones de estas características, puede llegarse a un punto de desencuentro (o trade-off) entre consideraciones de defensa de la competencia y consideraciones promotoras de la estabilidad financiera. En el trasfondo de este debate, se hace patente el riesgo de descrédito al que se enfrenta el Derecho de la competencia en el supuesto de que se proceda a la autorización sistemática de todas las operaciones de ayudas y de concentración promovidas por los Estados miembros en la UE en la presente crisis.
