Hace diez años, el 20 de octubre de 2011, ETA declaró el final del terrorismo. Lo hizo cinco décadas después de su inicio durante la dictadura franquista y 34 años desde que España recuperara la democracia con unas elecciones libres en 1977. ETA, finalizada la dictadura y tras la amnistía de 1977, no sólo continuó, sino que acrecentó su actividad terrorista en la difícil etapa de la Transición y en la democracia. Todos los gobiernos democráticos la combatieron y contribuyeron a su final, conseguido un mes antes de que José Luis Rodríguez Zapatero culminara su mandato como presidente del Gobierno.
Hay un consenso generalizado entre los partidos que combatieron el terrorismo en calificar a ETA como organización totalitaria -el 92% de sus asesinatos los cometió contra una España democrática- y en situar a las víctimas del terrorismo en el centro del relato. También hay acuerdo general en que el final del terrorismo fue resultado de la presión policial, judicial, internacional y de la propia sociedad. No lo hay, sin embargo, sobre el componente político que puso el broche final al terrorismo.
El décimo aniversario del final del terrorismo resulta, pues, un momento propicio para valorar lo que demasiados analistas ignoran, el componente político de su final o cómo la inteligencia política contribuyó al final del terrorismo, y desmontar falacias como que el proceso dialogado del Gobierno y ETA reavivó el terrorismo o que no ha sido derrotada cuando la realidad es que declaró el cese del terrorismo y se disolvió sin lograr ninguno de sus objetivos políticos: el derecho a la autodeterminación para Euskal Herria y la unión del País Vasco y Navarra.
