La tramitación y entrada en vigor de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas Trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, Ley 4/2023, de 28 febrero, ha suscitado un debate público que contrasta con su casi ausencia ante la publicación de las respectivas leyes autonómicas, algunas de las cuales tienen más de 10 años. Lo más llamativo es que los términos en que en la discusión pública se plantea, no siempre tienen que ver con lo que esta nueva ley supone y sí con aspectos que ya existían mucho antes incluso de dictarse las denominadas leyes trans o LGTBI, concretamente desde 1999 en Andalucía. Así las Comunidades autónomas, ya venían regulando la aplicación de tratamientos de reasignación sexual y uno de los debates más espinosos que se suele suscitar, el de los tratamientos a los menores, no es objeto de la ley trans de 2023, sino de las leyes autonómicas: hace mucho que se puede tratar a los menores. Las normas autonómicas también son, en muchos casos, auto identitarias en sus ámbitos competenciales, por ejemplo, documentación administrativa. La ley nacional es de la modifi
