PUIGCERVER ASOR, CARLOS / ADAN DOMENECH, FEDERICO
Han transcurrido ya más de cinco años desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. Texto normativo en el cual se defiende que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer. Partiendo de este objetivo, el legislador instauró un mecanismo extrajudicial y judicial que sirviese de cauce para solucionar, o, cuanto menos, aligerar la situación de insolvencia en la que se encuentra inmerso el deudor, mecanismo conocido como la segunda oportunidad. Sin embargo, si bien la voluntad del legislador resultó ser loable y cargada de buenas intenciones, no es menos cierto que, eran muchas las voces autorizadas que denunciaban que la regulación de esta institución, pecaba de inconcreción y de lagunas legislativas que creaban incerteza e inseguridad jurídica. La regulación de la segunda
